Estas dos entregas no hablarán de TV, sino de un discurso: El método fascista del discurso se basa en la violencia ambigua, esa que busca cometer un crimen, sin que se le señale como acusado: “Yo te provoco de forma insultante, o peligrosa, para que tú respondas, y cuando lo haces, yo me victimizo”.
Prometido: Estas serán de las pocas veces que dedicaremos nuestras ‘Crónicas Hertzianas’ a una persona que busca publicidad en la provocación, la demagogia y la guerra psicológica (en fin, el fascismo): El Diputado falangista Julio Borges, del partido Primero Justicia (o Primero Fascista, que es el epíteto más amistoso que el pueblo venezolano les ha dado)
Para no aburrir con alguien que ya es bastante aburrido, dividiremos en dos entregas este análisis de su discurso golpista del pasado 5 de enero en la Asamblea Nacional, tan írrito y nulo como el propio nombramiento de Borges como presidente del parlamento, pues el mismo se encuentra en desacato.
Esta primera parte la dedicaremos a la reiteración de las mismas ilegalidades que su predecesor, el adeco derrotado, Henry Ramos Allup, intentó en vano el año pasado, y las ‘perlas’ que promete este diputado ‘amarillo’, si algún día la Asamblea Nacional sale del desacato, y comienzan a tener validez, al menos, sus sesiones:
- Como todo fracasó contra el presidente constitucional, legítimo, y en funciones, de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, Borges viene con la idea de repetir todo ‘para ver si a él le sale bien’, comenzando con la locura del ‘abandono del cargo del Jefe del Ejecutivo’, cuando el único poder público que ha abandonado sus funciones es el Poder Legislativo, no solo por el desacato que significa no haber desincorporado de forma OFICIAL, a orden del Poder Judicial, a ciudadanos electos por métodos fraudulentos en Amazonas, sino también de pretender un juicio político que no existe en la Constitución contra el presidente de la República, en un país que es presidencialista, y donde el Parlamento es uno de los poderes obligados a actuar, en concomitancia, con los otros cuatro, incluso, con el quinto: El poder popular.
Aquí se presenta el primer fracaso seguro, si la gestión eventual de Julio Borges lo intentara.
En cuanto a sus promesas de ‘gestión’, consiste en convertir en leyes los programas de su partido que han fracasado donde se han implementado (especialmente en el municipio Sucre, bajo la desastrosa gestión de Carlos Ocariz) a saber:
- Ley ‘de barrios’: Que busca confinar al pueblo a terrenos que no sean de los tomados abusiva e ilegalmente por la burguesía (los mejores terrenos en Caracas, por ejemplo).
El primer contraste de esta ley es con una de las más importantes misiones de la Revolución Bolivariana: La misión «Barrio Nuevo, Barrio Tricolor», que es mucho más que repartir ‘propiedad’ a viviendas y barriadas que presentan fallas, o simplemente, falta de urbanismo y servicios públicos por la irresponsabilidad de gobiernos y de una cámara de construcción mediocre que jamás cumplieron su deber de proveer servicios de calidad a las y los ciudadanos (eso explica los ranchos que ves en todas tus ciudades, del siglo XX en casi su totalidad)
En definitiva, esta Ley lo que busca es dar propiedad, no para que el pueblo viva, sino para que, ante la imposibilidad de arreglar sus viviendas, por falta de protección social, el pueblo no tenga otro remedio que vender sus viviendas a quienes tienen suficiente dinero acumulado para tomar todos los terrenos de Caracas y de los diferentes centros urbanos del país, buscando construir viviendas que solo puedan pagar los sectores pudientes, a los precios que solo ellos puedan establecer, esto tiene la segunda intención de cambiar la demografía electoral (que la revolución bolivariana, o cualquier intento de cambio de pésimas gestiones, se vean impedidas de consolidar espacios o cambiar, por el “chantaje de clase”, en pocas palabras, lo que sufren los votantes abandonados por alcaldes y gobernadores, en Chacao, Baruta, El Hatillo, Lecherías, Valencia, etcétera)
¿Conclusión?: La llamada ‘Ley de Barrios’ no será aprobada, por ser otro intento de privatizar el derecho a la vivienda establecido en la Constitución, violación que también pretendía la ‘Ley de títulos de propiedad de los beneficiarios de la Gran Misión Vivienda Venezuela’, con los mismos fines de satisfacer a una ‘empresariado privado’ que no produce, sino que se aprovecha de lo que el Estado produce.
- Ley de ‘los Trabajadores de las Empresas Públicas’: Otra propuesta improvisada, como la del ‘cesta ticket para pensionados’, que no busca beneficiar a nadie, sino descomponer el presupuesto de la Nación, sometiendo al Estado a compromisos impagables.
Este instrumento se basará en la demagogia, prometiendo aumentos y reivindicaciones impagables a trabajadores y trabajadoras de las empresas públicas (que aún debiendo cumplir, primero, con hacer rentables sus empresas, han sido honrados progresivamente con los mejores beneficios laborales de la historia de Venezuela)
¿Conclusión?: Esta Ley tampoco pasará el examen de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, aún con la aprobación del Bloque de la Patria en el parlamento (repetimos, si sale del desacato primero) y del presidente Maduro, por la misma razón del ‘cesta ticket’ para los pensionados: Todavía estamos esperando, después de la voto unánime de la Asamblea Nacional, la aprobación del presidente Maduro, y el visto bueno (con solo UNA observación) del Tribunal Supremo de Justicia, que la bancada de derecha que promovió dicha ley explique a Venezuela de dónde el Estado va a sacar el dinero para honrar ese bono de alimentación a nuestros pensionados (los diputados y diputadas de la revolución propusieron una fuente de ingreso: Un impuesto para el sector privado ¿Aceptará ir la derecha en contra de quienes les pagaron la campaña electoral?)
- Ley de ‘Prevención del Delito’: Viniendo del partido de ultraderecha que gobierna el estado con más delitos, homicidios y secuestros de toda Venezuela, el Estado Miranda, esta debería llamarse la Ley Cínica.
El delito no lo podemos prevenir si, primero, no limpiamos nuestro país de las mafias paramilitares, entrenadas desde Colombia, con modalidades como el ‘paseo millonario’ que sufre Bogotá (que aquí conocemos bien, lo llamamos ‘secuestro express’, algo que jamás había ocurrido en Venezuela) y que llegó aquí por un gran aliado de Primero Justicia, el narcotraficante y paramilitar Álvaro Uribe Vélez.
¿Conclusión?: A menos que no sea una ley para favorecer al Estado en el impulso de los programas de prevención del tráfico y consumo de drogas que ya hace la ONA, a la Gran Misión ‘A toda vida Venezuela’, al el sistema de orquestas juveniles, a las canchas de paz, a la misión deporte, incluso a la misión “barrio nuevo, barrio tricolor”, y por supuesto, a los servicios de inteligencia y contrainteligencia popular y del Estado, esta ley no pasará de ser otro acto de demagogia, si es que no llegan a meter elementos inconstitucionales en la misma (como por ejemplo, convertir a nuestras policías en los cuerpos represivos que fueron la Policía Metropolitana y la antigua Guardia Nacional).
Como sabemos que estas propuestas no se harán realidad, por ser inviables, o inconstitucionales, dedicaremos nuestra siguiente entrega a lo verdaderamente delicado: El llamado al golpe de Estado que Julio Borges hiciera en su discurso el pasado 5 de enero, que además demuestra que Primero Justicia es un partido de ultraderecha, defensor de intereses contrarios al pensamiento bolivariano, que el pueblo eligió con la Constitución de 1999.
