Por: Ennio Di Marcantonio
La verdadera crisis terminal que vivió Venezuela, basada en la TV – La corrupción y la irresponsabilidad adeca quebraron a VTV – Los políticos de la época solo veían una solución para el canal, en sintonía con el modelo económico fracasado que sufrió Venezuela: La privatización
En 1988, Rafael Poleo, en su periódico ‘El Nuevo País’, denunciaba un presunto plan de Marcel Granier de ‘Quebrar el canal 8 para venderlo barato’, mientras, a su vez, Granier denunciaba en su ‘Diario de Caracas’, un ‘saqueo en VTV’, donde la responsable sería la militante política y profesora universitaria Marta Colomina, entonces presidenta del canal.
En 1996, año de paz (sumisión, mejor dicho) entre el gobierno de Rafael Caldera y el mismo empresariado que hoy está en guerra con el país, con inflación de 107% y tipo de cambio único de casi 500 bolívares, en medio del 76% de pobreza (no 27% actual), un nuevo presidente asumía el ‘canal 8’: Fernando Miralles, quien trajo una verdad contundente: “Una serie de vicios, corruptelas, y erradas administraciones tienen a VTV al borde de la quiebra”.
Miralles, en entrevista concedida a Adela Leal, señaló que el presupuesto asignado a VTV era de 1.066 millones de bolívares (3.685.393,25 dólares para la época) de los cuales solo 24 millones de bolívares (82.973,20 dólares) quedaban para producir programas, mantener equipos, y pagar servicios. En 1996, los monstruosos gastos de nómina tampoco permitieron a VTV renovar equipos (no se renovaban desde 1983, algunos incluso desde los años setenta, esto significaba, mínimo, 13 años de obsolescencia, en pleno despertar de la evolución digital).
Las viejas administraciones (como a Eleazar Díaz Rangel, antecesor de Miralles en el canal 8) dejaron suficientes datos para sustentar el argumento privatizador: Personal que cobraba sin trabajar, asombrosas horas extras (un chofer, con sueldo quincenal de 9 mil bolívares – 31.11 dólares para la época- cobraba más de 74 mil bolívares -255,83 dólares para la época, y una periodista excedía ilegalmente su propio salario en horas extras: 230.000 bolívares -aproximadamente 779,66 dólares para entonces-) sin contar pensiones a talento que trabajaba en otros canales, y lujosos almuerzos que sindicalistas del canal le cobraban al mismo.
Estos datos sobre la quiebra de la TV del Estado dejan en evidencia que la rivalidad entre Acción Democrática y los dueños de la TV privada no era tal: ¿Quiénes ganaban con el desastre administrativo y desinversión tecnológica que denunció Miralles? El Estado no, la privatización (con la cual los adecos siguen estando de acuerdo) sin duda.