El derecho y la aplicación de justicia están definidos por el Estado. Éste no es uno, universal y eterno.
Cada Estado -como concepto- se debe a una determinada forma de producir los bienes materiales, de alimentación y sustento, pero también aquellos que podrían calificarse de espirituales.
Un Estado capitalista y burgués, como el que la humanidad padece hasta el presente y desde hace unos cuantos siglos, es y debe tener la configuración del aparato político, administrativo, social, militar y policial que asegure siempre una «igualdad» en la que los explotados son (y sean) siempre culpables (a diversos niveles) y los explotadores son (y sean) siempre inocentes (salvo poquísimas excepciones). Esto para afianzar que esas relaciones de producción permanezcan «eternamente» siendo de explotación, los ricos sigan siendo cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres. Allí radica la «justicia» del Estado burgués, capitalista.
Si un pobre, por necesidades de alimentarse y alimentar a su familia, roba unos panes deberá pagar por su delito, por ser un ladrón. La «justicia» del Estado burgués le llevará a tribunales y bajo sentencia pagará prisión o pena de muerte según sean los atenuantes o agravantes contemplados en la legislación burguesa.
Si un rico, sin más necesidad que la que le es propia a su condición de explotador, roba a uno o miles de obreros arrebatándoles la fuerza de trabajo y la inmensa cantidad de productos o bienes materiales que con sus manos produce, jamás será calificado de ladrón.
Ustedes y yo lo sabemos. Es la ley «igualitaria» del Estado burgués que jamás calificará de delincuente a un dominador, pero sí lo hará, incondicional e irrevocablemente, con un dominado. Es lo que se conoce en la utopía del derecho «igual» como justicia y que los comunistas identificamos como «justicia de clase», de los dominadores, de los ricos, de los explotadores.
Si en el Estado burgués (o en cualquier Estadito de países copiados o subsumidos al calco de ese) a un individuo o grupo de individuos se les ocurriese sublevarse contra el estado de cosas existente y se autoproclamara Presidente del país (República o como se llame) que habita o del que es «ciudadano», seguro que se le sometería a juicio y se le consideraría delincuente contra ese Estado.
Quienes subvierten el equilibrio social y político de un Estado, sea porque abierta y descaradamente dan un Golpe de los conocidos en la historia política del capitalismo (para no extendernos en más detalles), lo toman por la fuerza, cambian al Gobierno y las leyes o también lo alcanzan mediante cualquier subterfugio o «guerra no convencional», «silenciosa», «mediática», «tecnotrónica» o de «4ª generación», se le sometería a juicio, prisión o muerte,según sean los casos.
Lo legal, esa «legalidad» que condena a ese tipo de delincuentes contra el Estado, deja de ser tal sólo cuando el mismo Estado tiene que actuar para juzgar delitos y delincuentes que actúan contra sí mismo para preservar su dominación capitalista, tal como ha ocurrido en dos atentados terroristas y genocidas (ambos en fechas 11 de septiembre, la una en 1973 -para derrocar al Gobierno socialista y democrático del compañero presidente Salvador Allende en Chile- y la otra en 2002 -para reafirmar el poderío económico y militar de EEUU en la acción ejecutada por el Pentágono contra sus propias «Torres Gemelas» en Nueva York) en las que, si hubo «indiciados» ellos fueron exculpados a priori por esa parcializada legalidad del Estado burgués que protege, con su torcido y absolutamente injusto Derecho, a quienes autoatentan para contribuir a perpetuar la explotación y el dominio.
Llegamos hasta aquí en este Diálogo semanal en la acera para concluir con el emblemático caso del delincuente, apátrida y terrorista que, atentando contra el Estado venezolano, en beneficio de una potencia extranjera y comprobado -pública y comunicacionalmente- su reiterado delito se le solicita allanamiento de su inmunidad parlamentaria para el cumplimiento del debido proceso.
Sólo un Estado de igualdad y justicia social, como lo es Constitucionalmente el venezolano, puede asumir con equilibrio la aplicación de la ley sobre un traidor, apátrida y terrorista como el aludido. Bien que se le pudiese dejar en manos de auténticos Tribunales Populares, como los que sugirió la diputada Constituyente María León al momento de hacer uso de su derecho de palabra en la sesión de la ANC, correspondiente al pasado martes 2 de abril del presente año.
Venezuela construye su nuevo Estado, avanza en la aplicación de un Derecho de nuevo tipo, equilibrado y proletario que abra las puertas para la construcción definitiva de la Patria socialista.
Este es el camino, duro… pero es el camino. Con nuestro Poder Popular, Bolívar y Chávez, ¡Venceremos!
Ilustración: Iván Lira