Con apenas 11 días del triunfo de la Unidad Popular, que llevó a la presidencia de Chile a Salvador Allende, en una reunión sostenida el 15 de septiembre de 1970 entre el director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), el presidente Richard Nixon y el secretario de Estado, Henry Kissinger, se decidió que el nuevo gobierno chileno “no es aceptable” para Estados Unidos y como primera estrategia se plantearon “hacer gritar a la economía” del país suramericano.
La victoria de Allende el 4 de septiembre de 1970, convirtió a Chile en el segundo país latinoamericano que llegara al socialismo, después de Cuba, por la vía democrática y electoral, lo que no convenía a los intereses transnacionales, ni a Washington, que propició desde un primer momento las maniobras para que Allende no llegara al poder, con el objetivo de que fuera derrocado por un golpe militar.
Como primera acción se planteó evitar que el triunfo electoral de Allende fuera ratificado por el Parlamento, y dos días antes de su proclamación, el 22 de octubre, se cometió un atentado contra el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, René Schneider, quien podía contener una eventual asonada.
La acción pretendió alentar a factores golpistas e impedir que el Congreso ratificara al nuevo presidente, que tomó posesión el día 3 de noviembre. Comenzaba la guerra sucia que culminaría tres años después con el golpe militar del 11 de septiembre de 1973, que llevó al poder a una de las dictaduras más criminales de Latinoamérica.
Hacer gritar a la economía
Explica la periodista argentina Stella Calloni, en su libro Operación Cóndor, Pacto criminal, que en la víspera de tomar posesión Allende el embajador de EEUU en Chile, Edward Korry, envió un informe a la Casa Blanca en el que indica que “Chile está en su mejor momento. Posee 500 millones de moneda fuerte, más que los Estados Unidos per cápita. A partir del año próximo será el segundo productor más grande de cobre en el mundo, superando a la Unión Soviética”.
Para el año 1972, el gobierno de la Unidad Popular había nacionalizado los yacimientos de cobre explotados por las compañías estadounidenses, incorporado a la propiedad social 2 millones 400 mil hectáreas de tierras activas, estabilizado la inflación y logrado un pleno empleo, con incrementos salariales de hasta 40% que fortalecieron el poder adquisitivo y beneficiaron especialmente a la burguesía comercial.
Ante las óptimas condiciones del gobierno chileno, con un Producto Interno Bruto que incrementó en 3,7% y una economía con un índice de 7,7% de crecimiento, EEUU se planteó una guerra en el plano económico con dos frentes, uno desde el extranjero, que consistió en la asfixia mediante el veto de préstamos por parte del otrora Banco Internacional de Reaseguro y Fomento (hoy Banco Mundial), impedir la renegociación de la deuda chilena, desalentar la inversión de terceros países, el turismo y los viajes comerciales, así como aumentar la “cooperación” militar con los países vecinos de Chile.
En el frente interno, la ultraderecha chilena arreció sus ataques en los medios de comunicación, con una campaña en contra de las Fuerzas Armadas, la guerra sucia con apología al anticomunismo y la aplicación del Sistema de Acciones Civiles Organizadas (SACO) para sabotear la economía, con el propósito de abrir una brecha para las acciones fascistas y alborotar a la clase trabajadora.
Las instrucciones de guerra dictadas por SACO fueron:
«1) Ocultar el 20% como mínimo de la producción
2) Crear depósitos de piezas de repuesto en galpones y subterráneos fuera de las empresas y disminuir al mínimo la producción
3) Distribuir la producción de las fábricas y los alimentos, especialmente los que escasean, únicamente a través de los intermediarios de SACO”.
También ordenaba a los empresarios a entregar los artículos de menor calidad, despedir a los trabajadores simpatizantes de la UN y brindar beneficios a los opositores, además, “entregar datos falsos sobre los rendimientos de los cultivos” y “desinformar sobre los lugares donde se venderían ciertos artículos”, junto a la posibilidad de interrumpir el servicio eléctrico.
Para comienzos de 1973, el bloqueo de EEUU, en alianza con factores internos, estaba haciendo “gritar” a la economía, con la disminución de las importaciones en bienes de consumo, el cobro de servicios de deuda externa, el incremento del índice inflacionario y la escasez desmedida. La Unión Soviética donó a Chile toneladas de harina de trigo comprada a Australia y Cuba envió un barco cargado de azúcar regulada, sin embargo, la situación estructural no estaba resuelta.
El parlamento y el golpe
Ante la imposibilidad de un golpe militar, la ultraderecha representada por las organizaciones Partido Demócrata Cristiano y Partido Nacional, propiciaron la guerra sucia contra el gobierno de Allende, con el objetivo de obtener la mayoría parlamentaria en las elecciones de marzo de 1973. “Con esa proporción podía decidir la destitución constitucional del Presidente de la República”, señala Gabriel García Márquez en su texto, Allende, el golpe y los gringos.
Aunque el demonio del fascismo estaba desatado, operando con la escasez de alimentos, el alto índice inflacionario y los cacerolazos, la UP obtuvo un 44% de las curules en el Congreso y “Para la Democracia Cristiana, aquella era la prueba de que el proceso democrático promovido por la Unidad Popular no podía ser contrariado con recursos legales”.
Optaron por reforzar la desestabilización, respaldada con recursos provenientes de la República Federal Alemana, la transnacional telefónica ITT y la CIA, que en 1970 ya había dispuesto 10 millones de dólares para las operaciones de propaganda, con paramilitarismo, violencia y proselitismo promovidos por la ultraderecha a través del Frente Nacional Patria y Libertad, fundado en 1971, de importante participación en una primera asonada militar llamada “El tanquetazo”, que fue frustrada el 29 de junio de 1973.
Pero las condiciones para un golpe militar las crearía el Congreso, principal responsable histórico de la dictadura, con la vinculación de los congresistas del PDC y PN con la Huelga de camioneros, que paralizó al país desde el 26 de julio, ocasionando un cierre patronal y desabastecimiento casi definitivo de productos básicos, para finalmente en el Acuerdo de la Cámara de diputados del 22 de agosto justificar el “marco legal” para la intervención militar.
Los partidos conservadores establecieron que las FFAA y el Cuerpo de Carabineros (policía) deben “encaminarse a restablecer las condiciones de pleno imperio de la Constitución y las leyes y la convivencia democrática, indispensables para garantizar a Chile su estabilidad institucionalidad, paz civil y, seguridad y desarrollo”, el debate se centró en lo imprescindible que para la derecha puede ser la democracia.
El 23 de agosto Carlos Prats, comandante en jefe, renuncia luego de una “protesta” de las esposas de los generales frente a su domicilio y escribe en su diario: “Creo que mi salida es la antesala del golpe de Estado”. Estaba en lo cierto. Fue sustituido por el general Augusto Pinochet, quien neutralizó a la oficialidad constitucionalista para dar el golpe que instauró una dictadura sangrienta, con más de 20 mil muertos, incluso fuera de Chile.
Receta de las contrarrevoluciones contra Allende
No son casuales las semejanzas en la historia de los países latinoamericanos, que narran su sometimiento y liberación ante el imperialismo. En Venezuela una guerra económica, que emplea la especulación y el desabastecimiento como herramientas políticas, allanó el camino para un revés electoral que le dio mayoría parlamentaria a una oposición que prometió a sus electores sacar del mando al presidente constitucional Nicolás Maduro en seis meses, a partir de enero de 2016.
Desconfiada de su propia fuerza electoral la derecha ha empleado el “golpe blando” como estrategia desde 2013, con acciones violentas que se acentuaron en 2014 y una victoria sobrevalorada, orientada únicamente a lograr el derrocamiento del presidente, empleando las maniobras de un Parlamento en desacato y en descuido de una convocatoria a referéndum revocatorio que ahora pretende usar para desestabilizar.
Dice García Márquez que la tesis de Allende fue la evolución pacífica hacia el socialismo dentro de la legalidad burguesa, pero “La experiencia le enseñó demasiado tarde que no se puede cambiar un sistema desde el Gobierno sino desde el poder”. En Venezuela las contradicciones están en un Poder Legislativo inconstitucional, con mayoría opositora, pero sin el poder que realmente ostenta el Ejecutivo y su pueblo, como lo demostró el chavismo en la calle el pasado 1 de septiembre.
Explica Alan Woods que en un régimen capitalista normal, la burguesía controla el Estado “y lo utiliza para reprimir a la mayoría de la sociedad, para garantizar su poder y privilegios”, como logró hacerlo en Chile con la dictadura de Pinochet. Al no poder continuar haciéndolo en Venezuela, la derecha arremete contra el Gobierno culpándolo del sabotaje que ella misma ha propiciado, utiliza fuerzas de choque de extracción social burguesa porque no tiene incidencia en la Fuerza Armada y cuenta con el auspicio de EEUU. Se extrae de estas circunstancias que el camino al socialismo, como ocurrió en Chile, entrará siempre en conflicto con la burguesía y el imperialismo.
Si la burguesía ha perdido el control del Estado ante un gobierno de carácter popular, la defensa la hace el pueblo y no el opresor, sobre todo cuando éste último, en nombre de la libertad, acoge el signo de un fascismo que se vale de las masas para restaurar, con espejismos democráticos, los intereses del capital, como dicta la lección que deja el Chile de 1973.
El tránsito histórico de Salvador Allende, quien murió hace 43 años con fusil en mano, bajo los bombardeos del Palacio de La Moneda en Santiago de Chile, deja como aprendizaje el costo histórico que pagan los pueblos cuando la burguesía impone la defensa de una supuesta legitimidad, basada en la “voluntad popular”, pero que realmente defiende una revancha social de clase con consecuencias terribles.
DesdeLaPlaza.com / Pedro Ibáñez