El Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) de Brasil ha dado un plazo extra de 30 días al Gobierno de Dilma Rousseff para que justifique supuestas irregularidades que se cometieron en las cuentas públicas de 2014 para maquillar las cifras y esconder el déficit.
El Gobierno brasileño está siendo investigado por el TCU, organismo que controla el gasto público en el país, por haber retrasado a propósito el pago de 40.000 millones de reales (12.925 millones de dólares) a través del Tesoro Nacional a diversas instituciones financieras públicas y privadas, responsables de programas tan emblemáticos como el ‘Bolsa Familia’, para que esos pagos no apareciesen en el cálculo de déficit del Gobierno entre 2012 y 2014.
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El TCU ha apuntado este miércoles que esas maniobras permitieron que el Ejecutivo mejorase de forma artificial sus balances para reducir la cifra de déficit y no incumplir así la Ley de Directrices Presupuestarias, que obliga al Gobierno a cerrar el año fiscal con superávit primario.
Sin embargo, el ejercicio de 2014 se cerró con un déficit de 32.536 millones de reales (10.640 millones de dólares), forzando una excepción en su aprobación en el Congreso Nacional, aunque en realidad, esta práctica, conocida en portugués comno ‘pedalada‘, no es tan infrecuente.
La Abogacía General de la Unión (AGU) ha apuntado que estas maniobras eran de uso común en los gobiernos del ex presidente Fernando Henrique Cardoso, e incluso el actual ministro de Planeamiento de Rousseff, Nelson Barbosa, reconoció que la práctica no es «recomendable» pero tampoco es un delito, pues se trata de un simple crédito de los bancos públicos al Gobierno.
DesdeLaPlaza.com/EFE/AMH