Hace justo un año, el 7 de julio de 2014, el Papa celebró misa ante seis víctimas —tres hombres y tres mujeres de Alemania, Inglaterra e Irlanda— a las que, en un gesto con mucha carga significativa, había invitado a pernoctar en la residencia de Santa Marta.
Bergoglio, desde el altar, les pidió “humildemente perdón por los abusos sexuales cometidos por el clero” y les prometió que ya no habría lugar en la Iglesia para los pederastas ni para sus encubridores. “Me comprometo”, les dijo, “a no tolerar el daño infligido a un menor por parte de nadie, independientemente de su estado clerical. Todos los obispos deben ejercer su servicio de pastores para salvaguardar la protección de menores y rendirán cuentas de esa responsabilidad”.
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Aquella declaración de Francisco entraba por primera vez en el fondo de una tragedia que durante décadas la Iglesia ha fingido no ver mientras sus obispos ocultaban a los verdugos y, en muchos casos, hacían caer el peso de la culpa sobre las propias víctimas.
Una inercia terrible que Benedicto XVI decidió romper públicamente en febrero de 2012, cuando convocó a Roma a los superiores de una treintena de organizaciones religiosas y a los representantes de 110 conferencias episcopales para que escuchasen el testimonio de Marie Collins, una mujer irlandesa que padeció de niña los abusos de un sacerdote. Joseph Ratzinger quiso terminar con el “silencio cómplice”, pero, aun tratándose de un gran avance –el de reconocer el delito y mirar a la cara a las víctimas–, no era suficiente. Francisco da ahora un paso más: quitarle a los sacerdotes pederastas la red que les permitía salir impunes y, tal vez, seguir delinquiendo.
El funcionamiento del tribunal especial fue decidido por el llamado G–9 —los nueve cardenales que se están ocupando de la reforma de la curia— a propuesta del cardenal Sean O’Malley, presidente de la Comisión para la Tutela de los Menores. Se establece que cualquier víctima que no se considere escuchada por su obispo —o bien sus familias o cualquier persona que tenga noticias de la supuesta negligencia— puede presentar la oportuna denuncia a través de la Congregación de los Obispos, la Congregación para la Evangelización de los Pueblos —en el caso de que se trate de un país de misión— o la Congregación de las Iglesias Orientales, en el caso de que los perjudicados sigan esos ritos.
Una vez estudiada la denuncia, se remitirá directamente al Vaticano, a la Congregación para la Doctrina de la Fe. Según explicó el padre Federico Lombardi, portavoz de la Santa Sede, “la nueva sección judicial y su personal se ocuparán también de los procesos penales por abusos de menores y de adultos vulnerables por parte del clero”.
DesdeLaPlaza.com/El País.es/AMH