La Fiscalía de Estados Unidos hizo pública una investigación donde acusa formalmente a 14 personas –nueve autoridades de la FIFA (10 latinoamericanas) y cinco empresarios o ejecutivos- de haber recibido o pactado sobornos por unos US$150 millones a cambio de derechos de transmisión, publicidad y patrocinio de torneos de fútbol y adjudicar sedes de campeonatos.
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Del total de este monto de sobornos, más de dos tercios correspondían a pagos ilegales por los derechos de transmisión y publicidad de la Copa América.
La Copa América, que se realiza cada cuatro años, y que abarca las diez selecciones de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Comebol), siendo este año en Chile, tiene sus derechos de difusión bajo la lupa.
De los catorce acusados, 10 son latinoamericanos.
- Jeffrey Webb – Islas Caimán
- Eduardo Li – Costa Rica
- Julio Rocha – Nicaragua
- Costas Takkas – Reino Unido
- Jack Warner – Trinidad y Tobago
- Eugenio Figueredo – Uruguay/EE.UU.
- Rafael Esquivel – Venezuela
- José María Marín – Brasil
- Nicolás Leoz – Paraguay
- Alejandro Burzaco – Argentina
- Aaron Davidson – EE.UU.
- Hugo Jinkins – Agentina
- Mariano Jinkins – Argentina
- José Margulies – Brasil
Según el documento del FBI, un conflicto de intereses entre dos compañías que buscaban los derechos de trasmisión de la Copa América, una brasileña, Traffic Group, que tenía los derechos desde principio de los 90, y una argentina, Full Play, que buscaba los derechos de Chile y de otras tres copas.
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Pero en el 2013, ambas compañías se reunieron acordaron el pago de una serie de sobornos relacionados con los derechos de la Copa América a los representantes de la Comebol. Los argentinos le pidieron al representante de Traffic contribuir con US$10 millones a lo que este accedió.
Dos meses después de la reunión nacía Datisa, empresa cuya propiedad se dividió en tres partes iguales, para Traffic y Full Play.
Sólo cuatro días después de su creación, Datisa celebraba en Londres un contrato con Conmebol que le otorgaba la exclusividad mundial de los derechos comerciales de los torneos de 2015, 2019 y 2023, además de un apetecido cuarto torneo extra: la Copa América Centenario, que se jugará en 2016 en EE.UU. para celebrar los 100 años del torneo.
El soborno
El contrato, por US$317,5 millones (US$75 millones por la de 2015, US$77,5 millones por la de 2016, US$80 millones por la de 2019 y US$85 millones por la de 2023), fue firmado por representantes de los tres propietarios de Datisa y por 12 autoridades de Conmebol.
Supuestamente cada pago, a su vez, se dividía entre los distintos miembros: US$3 millones para cada uno de los oficiales «top» de la Conmebol, es decir, su presidente y los presidentes de las federaciones de Brasil y Argentina, y US$1,5 millones para cada uno de los siete otros presidentes de la Conmebol. Los US$500.000 restantes se le entregarían a una onceava autoridad.
Según la información publicada por la Fiscalía estadounidense, se alcanzaron a ejecutar dos de los cinco pagos convenidos. Es decir, las autoridades de la Conmebol ya recibieron, según la investigación del FBI, US$40 millones en sobornos.
El modus operandi incluyó transacciones a través de bancos estadounidenses y suizos y la creación de subsidiarias cuyo fin específico, según el documento de la Fiscalía de EE.UU., era el pago de sobornos. Por tratarse de delitos en ese país, EEUU extraditó a los miembros de las confederaciones.
DesdeLaPlaza.com/ABC/BBCMundo/NCH