El pasado 27 de marzo, en una reunión con asociaciones de transportistas, el presidente Nicolás Maduro anunció al país el lanzamiento de la Misión Transporte con el objetivo de mejorar tanto el servicio de transporte público utilizado por la población, como las condiciones de trabajo y de vida de los trabajadores del transporte.
Este anuncio fue contextualizado en el discurso oficial, por un lado, con el compromiso que tiene el primer mandatario con el sector en cuestión, al haber sido él mismo transportista y dirigente gremial; por el otro, se inscribe en el marco de la “guerra económica” que el Gobierno afirma venir librando con una burguesía que ha decidido expulsarlo del poder. Es así que esta misión también respondería a las necesidades del sector transporte en cuanto a acceso y calidad de los servicios y repuestos.
El pasado sábado 5 de abril se dio inicio a la primera fase de la Misión Transporte, con el registro de 124 líneas de transporte en el estado Vargas.
Surgen entonces expectativas y preguntas sobre el impacto esperado, así como de los procesos y procedimientos de esta misión. ¿Contribuirá a resolver los varios y complejos problemas del servicio de transporte en el país? ¿Este esfuerzo llevará a la mejora en cuanto al orden y la calidad del servicio recibido por los millones de usuarios de transporte público? ¿Cuál es el alcance de la misión? ¿Quiénes deben registrarse? ¿En qué consiste el proceso?
La Misión Transporte, en su primer año, estima sumar cuatro millones de nuevos puestos de transporte en todo el país: dos millones con los sistemas públicos que activará el Ejecutivo en 55 ciudades principales y dos millones más con las 1.400 unidades que pondrá a disposición de los transportistas privados para prestar el servicio a la población.
La estructura de la misión comprende siete vértices, que actúan sin prelación y con sus propias dinámicas:
El primer vértice es el Registro Nacional que identificará a todos los trabajadores del transporte, líneas, rutas, paradas, unidades, conductores, propietarios y avances en sus distintas modalidades.
El segundo vértice comprende la Cobertura Territorial, que determinará el mapa de necesidades insatisfechas de transporte en todo el territorio nacional, con la participación del Poder Popular. El objetivo es diseñar planes de acción para aquellas zonas donde hay necesidades en materia de transporte.
El ministro de Trasporte Terrestre Haiman El Troudi precisó que esa atención será desde dos aspectos: con la creación desde el Gobierno de sistemas de transporte y con el fortalecimiento de las rutas de transporte existentes o la constitución de nuevas, de la mano con los privados, que tradicionalmente han ejercido esta actividad de servicio público en Venezuela.
De igual manera se evaluarán las estructuras de costos del transporte en cada territorio y la fijación de tarifas justas. «No puede existir una ciudad donde no se haya evaluado el sistema de transporte», dijo El Troudi.
Los Servicios serán parte del tercer vértice, a través de la masificación de las proveedurías de repuestos, seguros de unidades de transporte, grúas, talleres de mantenimiento de flota, mejora de la calidad del servicio de las unidades del transporte público, entre otros.
El cuarto vértice abarca Financiamiento del Estado para el sector transporte, creación del banco de transportistas y la inclusión progresiva de los transportistas al seguro social. En una primera instancia contempla para la renovación de flota la entrega de 1.400 autobuses nuevos: 400 de ellos adquiridos por el Estado mediante convenio con China, de marca Yutong, y el resto suministrado por las ensambladoras instaladas en el país.
En este vértice también se contemplan planes crediticios vía Consejo Federal de Gobierno (CFG) al pueblo organizado para el establecimiento de rutas populares y un plan en estudio para apoyar a taxistas en la adquisición de unidades, así como los 2.400 millones de bolívares aprobados para el subsidio al pasaje preferencial estudiantil, hasta mayo de 2015.
El quinto vértice de esta misión será dedicada a impulsar la Educación vial y formación de los transportistas.
El sexto punto incluye la construcción de Infraestructuras (refugios, construcción de terminales, diseño y construcción de paradas), mientras que el séptimo vértice se refiere a la Movilidad Urbana (optimización de las rutas de transporte en las ciudades, plan de movilidad para cada centro poblado y construcción de soluciones viales en las ciudades).
¿Quiénes deben registrarse?
A este registro deben acudir, por un lado, los transportistas en sus distintas modalidades (público, carga, taxistas, mototaxistas, escolar, rutas comunales, rurales, estudiantiles, etc.), para que ofrezcan datos vinculados con la flota, rutas, líneas, condiciones de las unidades, y también factores humanos: seguridad social, si padecen alguna enfermedad, si son favorecidos por las misiones o programas sociales del Gobierno, entre otros.
Por esta vía, actualizarán información que posee ya el Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT) y aportarán nuevos datos.
Por otro lado, deben presentarse las comunidades organizadas, bien sea en salas de batalla social, consejos comunales, comunas, asociaciones de vecinos, etc., que quieran manifestar la precariedad del servicio de transporte en su zona, esto es, si no son atendidos, o las unidades son insuficientes o si la calidad es deficiente. “Queremos un mapa de esta situación en todo el país”, explicó el ministro.
En este aspecto, el Ministerio de Comunas brindará apoyo en las jornadas.
Una tercera modalidad del Registro abarca lo que se ha denominado Mesa Técnica de Movilidad, que reunirá a todas las fuerzas vivas del estado para identificar los problemas de congestión y las posibles soluciones, a fin de abordar posteriormente un plan de movilidad. Este diagnóstico también persigue precisar un mapa de movilidad en la ciudad.
Desde La Plaza/ Agencias/ AG