En medio de las crecientes manifestaciones contra el gobierno de Enrique Peña Nieto por el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, PRI, PAN, PVEM y Panal aprobaron en San Lázaro cambios constitucionales que permitirían a la autoridad frenar las protestas.
De forma sorpresiva, PRI y PAN sacaron del “congelador” un dictamen sobre “movilidad social” que, el 24 de abril pasado, avaló la Comisión de Puntos Constitucionales que preside el perredista e integrante de la corriente de Los Chuchos, Julio César Moreno Rivera, y lo pusieron hoy a consideración del pleno.
Se trata de cambios al 11 y 73 constitucionales; en el primero se establece que “el Estado garantizará el derecho de todas las personas a la movilidad universal atendiendo los principios de igualdad, accesibilidad, disponibilidad y sustentabilidad”.
En tanto que al artículo 73 se le añadió que el Congreso puede legislar en “materia de movilidad universal en los términos de la Constitución… y que podrá expedir la Ley General de Movilidad que haga efectivo el pleno ejercicio del derecho a la movilidad”.
La iniciativa fue promovida por el panista Marco Aguilar, uno de los operadores del excoordinador Luis Alberto Villarreal, y quien forma parte del grupo cercano a Gustavo Madero, expresidente nacional del PAN.
Por tratarse de una modificación a la Constitución se requirió el aval de las dos terceras partes de los legisladores presentes; el bloque de PRI, PAN, Panal y PVEM cosechó 292 votos a favor en tanto que PT, MC y PRD sólo sumaron 100 sufragios en contra.
La minuta fue enviada al Senado y, una vez avalada por éste, deberá ser aprobada por al menos 17 Congresos locales. Después se tendrán 180 días para elaborar la Ley General de Movilidad.
El tema fue seriamente cuestionado por legisladores de izquierda, quienes fueron los únicos que hablaron en tribuna, pues el bloque afín al PRI guardó silencio y sólo espero la votación que de antemano sabía sería avasalladora.
Desde la Plaza/Proceso/AMH