Comienza un nuevo escenario político en Venezuela, este martes 5 de enero, con la instalación del nuevo parlamento nacional, integrado por los diputados electos el pasado domingo 6 de diciembre, en una jornada que registró más del 74 por ciento de participación del total del padrón electoral. Mucha la expectativa que hay sobre la apertura del año legislativo y los debates que le signarán. En ese sentido varios tópicos en los que poner el acento.
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Pese a los múltiples intentos de desestabilización y golpe de Estado, la Revolución Bolivariana preserva el Ejecutivo Nacional, encabezado por el presidente legítimamente electo con 50,61 por ciento de los votos el pasado abril de 2013, en unas elecciones celebradas por la circunstancia sobrevenida que todos conocemos: el fallecimiento del Comandante Hugo Chávez. Ahora que, después de 17 años, la derecha tiene mayoría en el órgano rector del Poder Legislativo Nacional, ésta amenaza con derogar, o modificar según aplique, todo el andamiaje legal y jurídico que ha permitido incluir a minorías y sostener una política redistributiva en beneficio del pueblo. Amenaza además con no aprobar en ningún caso créditos adicionales al presupuesto nacional que requiera el Ejecutivo para llevar adelante programas y acciones estratégicas de desarrollo (como Gran Misión Vivienda Venezuela o pensiones) y, por si fuera poco, con aprobar leyes orgánicas que favorezcan la impunidad como la llamada Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional que pondría en libertad, por ejemplo, a Leopoldo López, coordinador nacional de la organización opositora Voluntad Popular, principal responsable de las «guarimbas» o barricadas (trancas violentas de principales arterias viales del país) que comenzaron el 12 de febrero de 2014 y que dejaron a por lo menos 43 familias enlutadas y violaron durante tres meses derechos fundamentales de miles de venezolanos. Precisamente por eso, López permanece desde hace casi dos años privado de libertad, y así debe estar, según sentencia emitida por el Poder Judicial, durante 13 años, 9 meses y 7 días, por los delitos de instigación pública, daños a la propiedad e incendio en grado de determinador y asociación para delinquir.
La tarde de este domingo los parlamentarios opositores se reunieron en la sede de un conocido hotel capitalino, al este de Caracas, para elegir su candidatura a la presidencia del órgano unicameral. Ésta, en una suerte de reedición del bipartidismo cuatrorrepublicano, se disputó entre el secretario general de Acción Democrática (AD), Henry Ramos Allup, y el coordinador nacional de Primero Justicia (tolda que ha pretendido presentarse como una fuerza renovadora y de la cual forma parte Henrique Capriles Radonski, dos veces perdedor en elecciones presidenciales), Julio Borges. Todos los nombrados, por cierto, tristemente son principales protagonistas de golpe de Estado de abril de 2002 contra Hugo Chávez. Y pese a que una de las consignas principales de la oposición es «cambio», el domingo resultó electo Ramos Allup, septuagenario jubilado -por agotar el máximo de reelecciones posibles- del extinto Congreso bicameral (ese que estuvo vigente hasta 1999, año en que se refunda la República, a pocos meses del triunfo de Hugo Chávez y después de un amplísimo proceso constituyente que integró en un mismo espacio de discusión a los más diversos sectores de la sociedad venezolana) y dos veces diputado durante la quinta (la última en 2010 al Parlamento Latinoamericano, capítulo Venezuela). Pues bien, en declaraciones a los medios, Ramos Allup dijo este domingo que harán todo lo necesario para que en el curso del primer trimestre de 2016 «puedan remover al presente gobierno», «con esperanza y justicia».
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No obstante las amenazas de la bancada opositora, la Constitución Nacional, norma suprema y fundamento del ordenamiento jurídico, aprobada el 15 de diciembre de 1999 por la mayoría, a la que «están sujetas todas las personas y órganos que ejercen el Poder Público*, según reza la propia carta magna en su artículo 7, establece mecanismos para evitar la materialización de algunas de las anteriores amenazas y mantener la institucionalidad democrática. Es así como el Presidente de la República tiene la potestad de solicitar al Tribunal Supremo de Justicia la nulidad de leyes que atenten contra la irreversibilidad de las conquistas revolucionarias o bien aplicar el veto presidencial sobre aquel instrumento legal que niegue derechos esenciales de cualquier índole. Por ejemplo, el artículo 214 reza: «Cuando el Presidente de la República considere que la ley o alguno de sus artículos es inconstitucional solicitará el pronunciamiento de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en el lapso de diez días que tiene para promulgar la misma». Y agrega el mismo texto jurídico: «El Tribunal Supremo de Justicia decidirá en término de 15 días contados desde el recibo de la comunicación del Presidente. Si el Tribunal negare la inconstitucionalidad invocada o no decidiere en el lapso anterior, el Presidente promulgará la ley dentro de los 5 días siguientes a la decisión del TSJ al vencimiento de dicho lapso». En caso de que el TSJ sí aceptase la inconstitucionalidad, quedaría sin efecto la ley.
Sobre la instalación del nuevo cuerpo legislativo
«El primer período de sesiones ordinarias comenzará, sin convocatoria previa, el 5 de enero de cada año o el día posterior más inmediato posible y durará hasta el 15 de agosto». Así lo dispone la Constitución en su artículo 219. Se requiere, sí, mínimo mayoría absoluta para que exista quórum. Ahora bien, según, el Reglamento de Interior y Debate, la instalación propiamente dicha es responsabilidad de una comisión que estará integrada por el diputado de edad más avanzada, un director de debate accidental o secretario provisional y cinco diputados más, electos por la plenaria el mismo día de la instalación. En este caso, Héctor Agüero, electo por el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) en el estado Carabobo, entidad central, es el parlamentario de mayor edad, con 75 años.
Una vez conformada la referida comisión, siguen el discurso de apertura y las postulaciones de la junta directiva, que incluye réplica y un breve debate con intervenciones claramente limitadas por el citado reglamento interno. Finalizado ese debate, se procede a la votación del pleno en el hemiciclo de sesiones. 84 votos se requieren para la aprobación de la directiva, que estará integrada por un presidente (a), primer vicepresidente (a) y segundo vicepresidente (a), además de un secretario (a) y subsecretario (a), estos dos últimos elegidos fuera de su seno. Entre sus primeras acciones, la directiva deberá nombrar a los integrantes de las 15 comisiones permanentes, a saber: Política Interior; Política Exterior, Soberanía e Integración; Contraloría; Finanzas y Desarrollo Económico; Energía y Petróleo; Defensa y Seguridad; Desarrollo Social Integral; Cultos y Régimen Penitenciario; Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático; Pueblos Indígenas; Poder Popular y Medios de Comunicación; Ciencia, Tecnología e Innovación; Cultura y Recreación; Familia; y Administración y Servicios.
Después corresponde formar una comisión consultiva, que estará integrada por la junta directiva, presidentes y vicepresidentes de las comisiones que acaban de ser enumeradas y tres diputados. Tendrá por función la definición de la actividad parlamentaria y la agenda legislativa del año.
Nueva correlación de fuerzas
Para el período 2016-2020, la coalición opositora aglutinará a nueve organizaciones políticas que lograron sumar 109 curules de 167 escaños en total: Primero Justicia 33, Acción Democrática 25, Un Nuevo Tiempo 19, Voluntad Popular 15. Siguen Avanzada Progresista con dos, Vente Venezuela, Gente Emergente, Alianza Bravo Pueblo y Cuentas Claras, con uno cada una. En principio eran 112, equivalentes a mayoría calificada de dos terceras partes, pero recientemente el más alto tribunal de la nación (TSJ) admitió recursos contenciosos electorales que prohíben la proclamación de tres de ellos más uno de las filas de izquierda, decisión que la variopinta oposición, ha declarado no pocas veces, pretende desacatar. Habrá que esperar ahora si la heterogénea oposición venezolana logrará consenso en la nueva AN.
La bancada revolucionaria, por su parte, reúne a cuatro partidos. Pese al «revés circunstancial», como le definió el presidente Nicolás Maduro luego de reconocer resultados, el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) fue la organización política que más escaños sumó (51). Va sucedida del Partido Comunista de Venezuela (PCV) con dos diputados, y Patria Para Todos y Vanguardia Bicentenaria Republicana, con uno cada uno.
Se espera que los bloques opositor y revolucionario lleguen a la jornada de este martes 5 de enero, acompañados de sus seguidores en marchas que partirán desde La Hoyada y Plaza Venezuela, respectivamente.
Otros datos de contexto
La mayoría simple en Venezuela es de 84 diputados. La calificada de tres quintas partes de 101 diputados y de dos terceras partes de 112, cada una con atribuciones específicas para crear o remover comisiones, aprobar o modificar leyes orgánicas, decretar amnistías y designar titulares de otros poderes, aprobar mociones de censura, por ejemplo.
El 15 de diciembre pasado se instaló el Parlamento Comunal Nacional, con 168 voceros de los 12 consejos presidenciales del Poder Popular. Se trata de una instancia cuya creación está en la Ley Orgánica de Comunas, en aras de fortalecer la democracia protagónica y participativa que surge de la nueva Constitución y la refundación de la República. En ese sentido, el parlamento comunal está capacitado para aprobar, solicitar y gestionar normas de descentralización y planificación en áreas vitales como salud, vivienda, educación y producción. Este lunescelebró su tercera sesión en el Panteón Nacional de Caracas, para definir reglamento interno y presentar propuestas discutidas el día de la instalación y el 23 de diciembre.
Mientras así se reconfigura el escenario político nacional, las fuerzas revolucionarias han estado convocadas a la autocrítica, reflexión y creación de nueva agenda propositiva que seduzca (en el mejor sentido del término) a las mayorías y frene el desgaste propio de una gestión de más de 15 años ininterrumpidos con toda la hegemónica comunicacional y grandes grupos de poder en contra. Asimismo, en el terreno de las acciones concretas, el 30 de diciembre el presidente Nicolás Maduro anunció la aprobación vía Habilitante, vigente hasta este 5 de enero, de varias medidas encaminadas a la creación de un nuevo orden económico y financiero. Se inscriben esas decisiones en cinco pilares: soberanía tributaria basada en el precepto de tolerancia cero a la evasión y ocultamiento de ganancias de los grandes capitalistas (gravar más a quien más tiene y entregar esos recursos a quiénes más los necesitan), asignación de divisas a quienes demuestren que realmente están produciendo honestamente, renovación de las empresas mixtas con participación estratégica del Estado, atracción de inversiones externas y fortalecimiento del sector minero. Todo orientado a recaudar los recursos necesarios para sostener la inédita inversión social que ha caracterizado a la Revolución Bolivariana, visto que es impredecible saber qué ocurrirá con los precios internacionales del petróleo y que urge diversificar la economía.
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*El Poder Público Nacional se distribuye entre el Poder Municipal, el Poder Estadal y el Poder Nacional. Este último a su vez se divide en 5: Legislativo, Ejecutivo, Judicial, Ciudadano y Electoral. Cada una de las ramas del Poder Público tiene sus funciones propias, pero los órganos a los que incumbe su ejercicio colaboraran entre sí en la realización de los fines del Estado (artículo 136 de la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela)
DesdeLaPlaza.com / Lucía Córdova