Comisión parlamentaria debate proceso contra Dilma Rousseff

Una comisión especial de la Cámara de Diputados de Brasil comenzará a debatir este jueves la admisibilidad del proceso de destitución de la presidenta Dilma Rousseff que impulsa la oposición.

La comisión está integrada por más de 100 parlamentario entre principales y suplentes, y se espera que la votación se produzca el próximo lunes por la tarde.

De acuerdo con el relator de la comisión especial, Jovair Arantes del Partido Laborista Brasileño (PTB), el proceso de destitución que se sigue contra Rousseff cumple con todas las características exigidas por la ley para continuar rumbo hacia el juicio político.

Arantes -señalado como colaborador cercano del líder de la Cámara Baja, Eduardo Cunha- considera que la situación denunciada exhibe, a priori, “la usurpación por parte del Poder Ejecutivo de prerrogativas del Poder Legislativo en materia presupuestaria”.

Señaló también que “hay serios indicios de una conducta personal dolosa de la mandataria que atentan contra la Constitución Federal”, más exactamente contra los principios de separación de poderes y del control parlamentario de las finanzas públicas.

Argumentos de la defensa de Estado

Según la defensa expuesta hace dos días por el ministro-jefe de la Abogacía General de la Unión, José Eduardo Cardozo, solicitó archivar el proceso de destitución contra la mandataria y aseguró que la denuncia presenta errores conceptuales.

El letrado hizo una contextualización histórica, jurídica y política de los procedimiento destituyentes en Brasil y subrayó que estos solo son válidos en situaciones de gravedad extrema o de absoluta excepcionalidad que atenten contra la Constitución”.

Detalló que esto implica alguna irregularidad cometida directamente por la presidenta (de forma dolosa o deliberada).

«Cualquier tentativa de destitución que no cumpla con todos esos presupuestos es inconstitucional e ilegal y, por consiguiente, constituye un golpe de Estado», precisó.

De igual forma, Cardozo denunció el abuso de poder cometido por Eduardo Cunha, al aceptar una solicitud de impedimento contra la mandataria y enfatizó que este usó su competencia “para vengarse de  Rousseff y del Partido de Los Trabajadores (PT)». 

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