Los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, en el sur de México, marcharon el domingo para pedir al gobierno que retome la búsqueda de sus hijos, en una manifestación que tuvo lugar 10 meses después de la desaparición de los jóvenes.
“Exigimos el relanzamiento de la búsqueda y la reapertura del caso que este gobierno corrupto se ha negado a realizar”, dijo Vidulfo Rosales, uno de los abogados del grupo de padres e integrante del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan.
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Pese a la poca participación de la ciudadanía y el escaso apoyo de organizaciones políticas, en la marcha prácticamente estuvieron presentes todos los padres de los 43 estudiantes desaparecidos y muchos de sus familiares, que en las últimas apariciones públicas se habían visto fragmentados.
“Estamos de pie, unidos todos con los papás”, dijo Rosales al anunciar que a partir del próximo 31 de julio iniciarán una caravana por los estados del norte del país para invitar a organizaciones de familiares de personas desaparecidas a sumarse a su movimiento.
La desaparición de los jóvenes se dio en el marco de la llamada guerra del narcotráfico que vive el país desde 2006, cuando el gobierno inició una estrategia militarizada contra el crimen organizado que ha dejado más de 80.000 muertos y 23.000 desaparecidos.
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La marcha transcurrió con pocas pancartas, banderas y menos color que en los primeros meses, cuando llegaron a convocar a decenas de miles de participantes.
“El movimiento se ha ido desinflando, la gente ha perdido la esperanza y el coraje”,dijo de su lado a la AFP Araceli González, una empleada de 55 años que ha asistido a todas las marchas conmemorativas, cada mes.
“¿Cuándo? nos faltan 43″, es la leyenda plasmada en globos en forma de corazón que algunas personas traían en la mano.
La noche del 26 de septiembre, decenas de estudiantes de una escuela rural de magisterio de la comunidad de Ayotzinapa (Guerrero) fueron atacados a tiros en la cercana ciudad de Iguala por policías coludidos con narcotraficantes.
Según la investigación de la fiscalía general, los agentes entregaron después a 43 de los estudiantes a miembros del cártel local Guerreros Unidos, quienes los llevaron a un basurero cercano y los asesinaron, incineraron y arrojaron sus restos a un río, supuestamente por pensar que entre los estudiantes había miembros de un grupo rival.
La estatal Comisión Nacional de Derechos Humanos denunció esta semana que la investigación oficial presenta fallas y omisiones, principalmente de diligencias forenses.
Los padres también pidieron al gobierno permitir al grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que investiga el caso y que dará un reporte en los próximos meses, entrevistar a militares que estuvieron en funciones la noche del 26 de septiembre en la base militar destacada en Iguala.
DesdeLaPlaza.com/Agencias/COM