Le dispararon cuando terminó un partido de fútbol. Klaus Zapata quedó tendido en la cancha con dos balazos en la espalda. El líder de izquierda de 24 años, miembro de la juventud comunista de Colombia, fue asesinado el pasado seis de marzo en Soacha, en el sur de Bogotá. Su nombre entró a la lista que tiene en alerta a las organizaciones de defensores de derechos humanos y activistas.
La ONG Somos defensores tiene el registro de 15 asesinatos y más de 50 hostigamientos a líderes sociales en lo que va del año, mientras que la Unión Patriótica (UP), movimiento de izquierda, denuncia al menos 30 homicidios por razones políticas en los tres primeros meses del 2016.
La Fiscalía, entre tanto, asegura que hasta ahora, solo se ha podido identificar el móvil político en diez casos. Por la muerte de Klaus Zapata hay una orden de captura contra el presunto autor material, pero poco ha avanzado la investigación que permita saber quién estuvo detrás del crimen.
La preocupación de la familia del joven se ha trasladado a un debate nacional, en donde algunos sectores temen por el resurgimiento y consolidación de estructuras paramilitares (re-paramilitarización), los grupos armados de derecha que tuvieron el respaldo de algunos mandos militares y que, aunque se desmovilizaron en el año 2006, sus reductos siguieron actuando bajo el título de bandas criminales (bacrim).
“Se evidenció que la autoría del 66% de los asesinatos de líderes sociales registrados el año pasado estuvo en manos de esas bandas. Tememos que se estén consolidando y que este año el saldo sea peor”, asegura Carlos Guevara, vocero de Somos defensores. La Organización de Naciones Unidas (ONU) reveló en un reciente informe que en el 2015 fueron asesinados 63 defensores de derechos humanos y 885 fueron víctimas de hostigamientos.
La defensora de derechos humanos colombiana, Piedad Córdoba, también fue víctima de un atentado este viernes al noroeste del país, específicamente en el departamento de Chocó colombiano.
Córdoba afirmó que no pudieron agredirla gracias al trabajo de su equipo. “Infortunadamente trataron de dispararme aunque los escoltas y yo reaccionamos y logramos salirnos de esto. La ciudad está sitiada”, denunció la activista para la emisora Q Radio de Chocó.
La ONU alertó sobre la falta de protección por parte del Estado. Una preocupación sobre la que han venido alzando la voz en los últimos días diferentes organizaciones.
Según Somos Defensores, las regiones más afectadas con las recientes agresiones coinciden con las zonas prioritarias para la implementación de los proyectos determinados por el Gobierno y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), tras la firma de la paz. Estos territorios son los que han sufrido más los efectos del conflicto y en donde se espera que se concentren los esfuerzos para mejorar su economía y su desarrollo después del acuerdo entre las FARC y el gobierno.
“Hay que pensar en lo que se puede venir con el postconflicto. Nos hemos reunido con líderes de países que han pasado por procesos de paz y es parte de la degradación de la guerra que la violencia contra activistas aumente”, agrega Gómez, del Movice.
DesdeLaPlaza.com/ElPais.com