Habitualmente desplazados por los esloganes y los grandes actos, y muchas veces carentes de credibilidad por el incumplimiento que sistemáticamente han hecho de ellos los partidos, los programas electorales están teniendo en esta ocasión un protagonismo inédito. A ello ha contribuido la apuesta que han hecho las nuevas formaciones por presentar sus propuestas de forma novedosa y atractiva, pero también un incremento de la demanda ciudadana por conocer la manera en que los partidos que se presentan a las elecciones van a solucionar los múltiples problemas que afectan a España tras más de siete años de crisis económica. Desde los impuestos a la corrupción, pasando por el mantenimiento de los grandes servicios públicos y la plaga de los desahucios, todos están llenos de ideas, en muchas ocasiones realmente antagónicas.
FISCALIDAD: La izquierda quiere elevar Sucesiones
PP. El PP promete continuar con la reforma fiscal que ya está implantando a través de revisiones del tramo autonómico del IRPF. Aunque no concreta sus medidas, asegura que servirán para impulsar la creación de empleo y la competitividad empresarial. Promete igualmente que impulsará bonificaciones y reducciones para emprendedores y autónomos y reducirá el Impuesto de Sucesiones y Donaciones. También apuesta por una reorganización de tasas y su adaptación a la capacidad económica de los contribuyentes.
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PSOE. Los socialistas quieren recuperar unos mínimos en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones que algunas comunidades autónomas gobernadas por el PP han suprimido. El PSOE plantea aprobar una tributación mínima homogénea en toda España con un mínimo exento también nacional para los patrimonios reducidos. El partido de Pedro Sánchez asegura que las comunidades no perderán autonomía porque conservarán su capacidad de subir el impuesto por encima del mínimo establecido.
PODEMOS. Podemos asume que no hay otra manera de costear su amplio paquete de medidas sociales que subiendo los impuestos. Propone un aumento del tramo autonómico del IRPF a partir de una renta anual de 50.000 euros y asegura que «suavizará» los tipos impositivos a quienes tengan ingresos entre los 25.000 y los 50.000 euros. Además, quiere unificar el Impuesto de Sucesiones en una medida de especial impacto en sitios como Madrid, donde ahora casi no existe. Respecto al patrimonio, se tendrá que dar cuenta a partir de los 400.000 euros y no desde los 700.000 actuales. El programa se completa con una batería de nuevos impuestos verdes, que gravarían la contaminación, y dos al turismo: ecotasa y por alojamiento.
CIUDADANOS. De forma general, el partido quiere reducir los tramos del IRPF y dejar uno único para quien gane entre 22.500 y 75.000 euros anuales, lo que tendría un efecto opuesto al de la reforma de Podemos: aliviar la carga impositiva sobre las clases medias y medias altas. También propone reducir los tipos de IVA de los tres actuales a dos e instaurar uno único de Sociedades.
En cuanto a las propuestas municipales, Ciudadanos promueve una nueva financiación local que asegure a los ayuntamientos suficiencia financiera. Propone establecer la participación de los municipios en el IRPF y el IVA con un porcentaje, respectivamente, del 15% y del 2%. Además, quiere congelar la cuota efectiva del IBI y, en los casos que sea posible, rebajar los tipos.
CORRUPCIÓN: Todos prometen ‘regeneración’
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PP. El partido afirma que es necesario impulsar «un auténtico y genuino proceso de regeneración de la vida política, económica y social española» y lo ha convertido en parte importante de su programa, a pesar de que el mensaje oficial es que se ha hecho todo lo posible en la lucha contra la corrupción. El desgaste de las siglas ha obligado a nuevas medidas como la obligación de los cargos de presentar declaración de bienes y actividades al principio y al final de su mandato, y la promesa de controlar su situación patrimonial para detectar posibles casos de enriquecimiento injustificado. El PP sostiene que quiere generalizar el «escrutinio ciudadano» como mecanismo de prevención de comportamientos corruptos, favoreciendo la rendición de cuentas. A nivel judicial, se proponen iniciativas como la recuperación de las cantidades sustraídas por los corruptos.
PSOE. Los socialistas ponen mucho énfasis en las medidas de regeneración democrática y la transparencia. Las comunidades y los ayuntamientos que gobierne el PSOE tendrán un portal de la transparencia donde se publicarán todos los contratos realizados y los pagos efectuados, con la copia de las facturas incluida. Además, hay un compromiso para poner en marcha planes de prevención de riesgos de corrupción, con protocolos de actuación cuando un funcionario detecte algún indicio, e instrumentos de protección para salvaguardarles de represalias.
PODEMOS. Exigirá que los cargos públicos declaren sus bienes antes, durante y al dejar el cargo, así como los gastos mensuales relacionados con dinero público. También se propone endurecer la incompatibilidad para prohibir las puertas giratorias y obligar a que las agendas de reuniones sean públicas. Quiere implantar igualmente un buzón secreto para que los funcionarios puedan denunciar casos de corrupción, recibiendo una «protección laboral» para evitar represalias. También quiere recopilar en un fichero las personas y empresas condenadas por corrupción para que no vuelvan a contratar con la Administración.
CIUDADANOS. Se compromete a separar de inmediato de cualquier cargo, público o de partido, que sea imputado en un caso de corrupción, hasta la resolución completa del proceso judicial. Igualmente, se compromete a no incluir en sus listas electorales a personas imputadas por corrupción. Limitará el mandato de los alcaldes a dos legislaturas y los cargos electos que estén como representantes políticos en varias instituciones percibirán el sueldo o retribución sólo por una de ellas.
ECUACIÓN / SANIDAD: Mucha FP y apoyo al sistema público
PP. En Educación se proponen planes de detección precoz para recuperar a los alumnos con dificultades y reforzar la FP para profundizar en la conexión entre escuela y empresa. El PP quiere también más autogestión de los colegios con el fin de que sean más competitivos. Se establecerán pruebas de diagnóstico y los padres tendrán derecho a conocer el lugar que ocupa cada centro, dentro y fuera de su comunidad. Se garantiza el derecho al concierto y la elección de centro, sea público o concertado.
En Sanidad, el PP presta una especial atención a la labor de los profesionales, que casualmente han sido protagonistas de mareas contra los recortes. Quiere promover un mayor reconocimiento social del colectivo e implicarlo en la toma de decisiones. A nivel asistencial, sigue el compromiso de agilizar los tiempos de espera para intervenciones quirúrgicas y pruebas diagnósticas.
PSOE. Asegura que garantizará la universalidad del sistema sanitario allí donde gobierne, que suprimirá los copagos impuestos por el PP y que establecerá una estrategia de precios del medicamento para abaratarlos, introduciendo «sistemas de eficiencia». Aseguran también los socialistas que reducirán la garantía de tiempos máximos para disminuir las listas de espera.
En Educación, el objetivo es «garantizar progresivamente» la escolarización pública y gratuita de todos los alumnos, desde los cero a los 18 años (ahora no está cubierto el tramo de cero a tres años). El PSOE plantea crear 200.000 nuevas plazas de FP en toda España a corto y medio plazo, ya que ahora hay una oferta menor que la demanda.
PODEMOS. El partido prevé una inmediata «paralización» de los planes de privatización en Sanidad y anuncia su intención de «revertir» los acuerdos para «recuperar los servicios externalizados». En cuanto a Educación, ofrece guarderías gratuitas desde los cero a los tres años y la disminución de alumnos por clase: un máximo de 25 en Secundaria y 30 en Bachillerato. Se promete potenciar la gratuidad de los libros de texto.
CIUDADANOS. Considera que, en cuanto a la atención sanitaria, no cuestiona el derecho a la salud de los inmigrantes en situación irregular, pero cree que el alcance de las prestaciones sanitarias debe ser más limitado que el que se ofrezca a los extranjeros en situación legal o a los ciudadanos del país. Respecto a la Educación, su apuesta es por una red de servicio público, que puede ser de titularidad pública o de titularidad privada-concertada en un sistema público.
VIVIENDA: Dación en pago y alquileres sociales
PP. El objetivo es instaurar un modelo sostenible basado en el alquiler y la rehabilitación, que permita la recuperación del sector. Se facilitará el acceso a la vivienda a las familias con menos ingresos, mediante ayudas al alquiler. Los principales destinatarios serán los afectados por ejecuciones hipotecarias, las personas mayores o las que estén en situación de vulnerabilidad. Para casos de especial necesidad se potenciará un parque público de alquileres rotacionales.
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PSOE. El PSOE quiere «erradicar los desahucios» y así lo dice en su programa electoral. Los socialistas se comprometen a que en las comunidades donde gobiernen no haya ejecución hipotecaria sin que la Administración regional haya instaurado medidas para ofrecer una alternativa de alquiler social o haya procurado una mediación con la entidad financiera para reestructurar la deuda. También se prohibirá por ley que las comunidades vendan las viviendas sociales a fondos buitre, como asegura que ha ocurrido en Madrid.
En todos los ayuntamientos, el PSOE creará oficinas antidesahucio como la que ha funcionado en Fuenlabrada (Madrid), donde gobierna. A estas oficinas podrán acudir en busca de ayuda todos los vecinos que tengan problemas para pagar su hipoteca por sus dificultades económicas.
PODEMOS. Podemos plasma su discurso contra los desahucios en el programa electoral y se compromete a paralizar los desalojos de deudores de «buena fe» que no tengan alternativa habitacional. Además, reconoce la dación en pago con carácter retroactivo, para que nadie pierda su casa y tenga que seguir pagando una deuda. También establece un plan de «rescate» para garantizar el suministro del agua, la luz y el gas a las personas en dificultad con un «fondo», con el que una familia no tendría que pagar más del 10% de sus ingresos mensuales en estos servicios.
CIUDADANOS. El partido quiere que las viviendas procedentes de los desahucios sean destinadas al alquiler social. Su intención es que el alquiler no supere el 30% de los ingresos de las familias afectadas. En cuanto a la dación en pago, apuesta por que la entrega de la vivienda cancele el valor de mercado actual del piso. Esto es, que en caso de que el piso se tase en un precio inferior a la hipoteca, el ciudadano no verá saldada su deuda al 100% con el banco con la entrega de la casa.
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