La lucha por la “libertad y la democracia” está poniendo en riesgo un nuevo año escolar para muchos niños en Venezuela. A un mes de que sectores que adversan al gobierno arreciaron sus protestas callejeras, se pierde la cuenta de instituciones escolares que han privado a miles de niños de su derecho a la educación, bien sea porque sus autoridades se suman a la paralización de actividades, por la dificultad de muchos docentes para llegar a su lugar de trabajo o porque la ferocidad de las protestas de calle ponen en riesgo la seguridad de los muchachos, el personal y los representantes.
Un acontecimiento de tan graves dimensiones como la pérdida de un año escolar, al parecer carece de importancia para un grueso sector de la dirigencia política de los bandos en pugna, a la que no hemos escuchado (con limitadas excepciones), pronunciarse al respecto. Por parte del gobierno se instruyó a los colegios públicos a mantener sus actividades tal como corresponde, y a los privados a abrir sus puertas y dar clases a menos que existan razones de fuerza mayor que eviten el normal desenvolvimiento de las actividades escolares. Por parte de la oposición se invoca a la descabellada idea de que cualquier costo es justificable para tumbar al gobierno.
El derecho a la educación es uno de los derechos humanos fundamentales, y está garantizado en la mayoría de las constituciones del mundo como un derecho gratuito y obligatorio en sus niveles primarios. En nuestra constitución, no sólo la primaria está garantizada de forma gratuita, sino la secundaria también. Por lo tanto, la violación del derecho a la educación constituye una violación a los derechos fundamentales del ser humano. Tampoco he escuchado a ningún ilustre magistrado, ni abogado, ni pasante de derecho, decir esta boca es mía.
Lo cierto es que mientras se agudiza la confrontación y la irracionalidad, nuestros muchachos están expuestos a una arremetida similar a la de 2002-2003, cuando un sector del país decidió que había que “pararse para poder seguir” y de esta manera alteraron (entre otras cosas) el año escolar de aquel entonces, contribuyeron al “mateo” educativo de aquel período, y nadie pagó aquellas consecuencias pues la mayoría de los que convocaron a esa aventura fueron beneficiados con una amnistía presidencial.
Más derechos en riesgo
Los niños cuando empiezan a interactuar con personas adultas, van adquiriendo esa especie de poder instintivo para darse cuenta de todo lo que pasa a su alrededor. No hay poder de disimulo que pueda con la curiosidad de los chamos. Es por eso que toda la situación de la que nuestra sociedad es víctima hoy en día, les pega directamente a ellos en otro de los derechos fundamentales del ser humano: el derecho a la paz.
Un chamo que no va a clases porque su colegio está cerrado, que tiene que alterar su rutina diaria porque sus padres que trabajan no saben con quién dejarlos en los horarios en los que deberían estudiar, que ven por televisión o revisan en el celular de mamá las violentas protestas callejeras, que han respirado el aire envenenado de gases lacrimógenos, que ven cómo sus familiares se pelean por asuntos políticos, que ven a papá llegar tarde porque la guarimba no lo dejó pasar, es un chamo que no vive en paz.
El retorcido mundo en el que vivimos ya ha contribuido mucho a que las generaciones más recientes desarrollen una especie de culto a la violencia, saldando un enorme costo en vidas jóvenes. Los medios de comunicación la han vendido como un valor, la industria de la violencia no para de hacer dinero. Por años vimos la tragedia de la guerra, la muerte y la desolación en rostros infantiles fotografiados en lejanas latitudes, yo sigo votando porque esas imágenes nunca sean de niños venezolanos.
